(ZENIT Noticias / Buenos Aires, 09.03.2025).- El Senado de la provincia de Santa Fe en Argentina aprobó la Reforma Constitucional que conserva la religión católica como religión oficial de la provincia y con una «protección más decidida».

La iniciativa del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, formada por dirigentes del PRO, radicales y socialistas, modificó 43 artículos de la Constitución el 6 de diciembre de 2024, reafirmando la confesionalidad de la Provincia.

Días antes, el 3 de diciembre, la Iglesia Católica santafesina tomó posición sobre la parte doctrinal de la reforma constitucional en Santa Fe. “Al ciudadano de a pie todo esto lo tiene sin cuidado, pero nos gustaría compartir unas reflexiones porque el texto marcará la vida real de los santafesinos en adelante”, declaró la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz.

La Constitución vigente declara que “la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”. Sobre este punto, el obispo consideró que “hoy semejante párrafo es inadmisible desde todo punto de vista”.

“Desde mediados del siglo pasado la Iglesia viene afirmando la justa autonomía y la cooperación del orden temporal con respecto al religioso. Por lo tanto, hay que concluir que la Provincia no es, ni puede ser, de ninguna manera católica. La confusión del orden civil con el religioso es no sólo anacrónica, sino también errónea, porque la condición propia de lo temporal, por definición, implica la no perdurabilidad, la siempre mutabilidad, la continua perfectibilidad; en ese sentido, la religión nos enseña que ningún gobierno representa lo definitivo, y juega un papel saneador, profético diríamos nosotros, frente a toda instancia de poder”.

La reforma abrió el debate público en Argentina por las palabras del arzobispo de Santa Fe, Mons. Sergio Fenoy sobre «la justa autonomía y cooperación del orden temporal con respecto al orden religioso», que rechazó la «catolicidad» de la Provincia y pidió un «reconocimiento de la Iglesia en pluralidad, sin privilegios».

Ante la polémica, los principios no parecen poner impedimento para que un Estado o una provincia se declaren católicos, siempre que se salvaguarde el derecho de cada individuo a la libertad religiosa. Y promover que el Evangelio inspire la vida pública y las instituciones sociales y políticas, no significa que el Estado deba privilegiar a una confesión, discriminando o persiguiendo a las otras.

La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II señaló en el número 16 que la conciencia es «el núcleo más secreto y el santuario del hombre, donde se encuentra a solas con Dios, cuya voz resuena en su intimidad». No es lícito a nadie, y menos al Estado, coaccionarla: «La conciencia es el vicario originario de Cristo, profético en sus palabras, soberano en su perentoriedad, sacerdotal en sus bendiciones y anatemas» y «todo lo que se hace contra la conciencia se acumula para el infierno» (Cuarto Concilio de Letrán, 1215).

Sobre la primacía de la verdad o de la indiferencia religiosa, el Documento Dignitatis humanae estableció que la dignidad de la persona humana viene de ser creada «a imagen de Dios» y redimida por Cristo. La Iglesia promueve que nadie puede ser obligado a creer por un «brazo secular».

El Evangelio no es impuesto por la fuerza pública. Jesús nada impuso a alguien. Sin embargo, en el ambiente difundido entre relativismo y fundamentalismos, conviene subrayar la diferencia entre imponer la verdad y dar testimonio de ella.

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