(ZENIT Noticias / Luxemburgo, 07.10.2024).- En una sentencia histórica del 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó que todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben reconocer legalmente los cambios de género y nombre realizados por personas en cualquier otro país de la UE. Esta decisión, basada en un caso específico que involucra a Rumania, sienta un precedente significativo para los derechos de las personas transgénero en toda la UE.

Según la sentencia del tribunal, negarse a reconocer estos cambios viola la legislación de la UE. El TJUE enfatizó que cualquier regulación que impida el reconocimiento de la identidad de género adquirida legalmente en otro estado miembro infringe los derechos fundamentales de la persona según la legislación de la UE. 

El caso detrás de la sentencia

La sentencia fue provocada por un caso que involucraba a un ciudadano rumano que pasó de mujer a hombre en el Reino Unido en 2017. Después de que el Reino Unido reconociera legalmente el cambio de género, incluida la alteración del nombre de la persona, se solicitó a las autoridades rumanas que actualizaran el certificado de nacimiento de la persona para reflejar su nueva identidad.

Sin embargo, en 2021, el gobierno rumano se negó a modificar el certificado, a pesar de que la persona tenía doble ciudadanía británica y rumana. Esta negativa se produjo después de que el Reino Unido ya había salido de la Unión Europea durante el período de transición del Brexit, pero los cambios se realizaron mientras el Reino Unido todavía se regía por las leyes de la UE.

La decisión del tribunal ahora obliga a Rumania, y a cualquier otro país de la UE, a reconocer el estatus legal de los ciudadanos que hayan hecho la transición en otra nación de la UE. El TJUE aclaró que la negativa a modificar dichos documentos equivale a una violación de los derechos de los ciudadanos en el marco de la UE, en particular su derecho a la libre circulación y al reconocimiento legal.

Un impacto más amplio en los derechos de las personas transgénero

Esta sentencia tiene implicaciones de gran alcance para la UE, especialmente para los países con diferentes enfoques de los derechos LGBTQ+. Si bien algunas naciones de la UE, como España y Alemania, tienen leyes progresistas en materia de identidad de género, otras, como Hungría y Polonia, han adoptado posturas restrictivas sobre el reconocimiento de género. La sentencia del TJUE refuerza el principio de que los ciudadanos de la UE no deben enfrentarse a obstáculos legales para el reconocimiento de su identidad de género simplemente por cruzar una frontera dentro de la Unión.

Los expertos legales han señalado que la sentencia subraya la supremacía del derecho de la UE en materia de derechos fundamentales. Al exigir a los Estados miembros que respeten los cambios de género realizados en otros países de la UE, el tribunal pretende salvaguardar la dignidad y la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su identidad de género.

Reacción y desafíos futuros

Si bien los defensores de los derechos humanos han elogiado la decisión como un paso adelante para los derechos de las personas transgénero en Europa, también pone de relieve posibles desafíos. Los países con políticas menos progresistas en materia de género pueden tener dificultades para conciliar sus leyes nacionales con las obligaciones impuestas por la sentencia del TJUE.

En Rumania, por ejemplo, donde prevalecen los valores tradicionales y la política conservadora, es probable que la sentencia provoque debates sobre el cumplimiento por parte del país de las directivas de la UE sobre identidad de género. Otros Estados miembros con gobiernos conservadores también podrían resistirse a la aplicación de la decisión del tribunal, lo que podría dar lugar a más disputas legales.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal es clara: todos los Estados miembros de la UE deben respetar el principio de reconocimiento mutuo de los cambios de estatus personal, incluidos los relacionados con la identidad de género. Al hacerlo, el TJUE pretende promover la coherencia y la igualdad en el trato que los Estados miembros dan a sus ciudadanos en toda la Unión.

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