(ZENIT Noticias / Sucre, 11.06.2024).- ADF International ha presentado un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de la Conferencia Episcopal Católica Boliviana contra el Estado boliviano por el cierre forzoso de su colegio de maestros.

El establecimiento, denominado Instituto Normal Superior Católico Sedes Sapientiae (INSCSS), fue cerrado a la fuerza por el Estado en 2010 para monopolizar la formación de maestros. En ese momento, la recién aprobada Ley de Educación ordenó el cierre de las dos escuelas de formación de docentes existentes, gestionadas por las iglesias católica y adventista, además de prohibir la creación de cualquier futura institución privada que ofreciera títulos para educadores.

“Tanto la Constitución boliviana como el derecho internacional protegen el derecho a la libertad educativa y religiosa, incluido el derecho a crear y gestionar instituciones educativas. Las autoridades bolivianas han violado flagrantemente ambos derechos al cerrar por la fuerza la Escuela Normal Católica”, afirmó Tomás Henríquez, Director de Área para América Latina de ADF International, uno de los principales asesores jurídicos de la Conferencia Episcopal.

“Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupe de este caso y exija responsabilidades al Estado boliviano por estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. No se puede permitir que se produzcan violaciones tan groseras de las libertades fundamentales.”

ADF International presentó la petición ante la CIDH en nombre de la Conferencia Episcopal después de que el Tribunal Constitucional se negara a admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado en nombre de los obispos católicos por el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, organización aliada de ADF International en el país.

Antecedentes  

Al nacionalizar la formación docente en Bolivia y decretar el cierre del INSCSS, el Estado boliviano viola el derecho internacional de los derechos humanos, incorporado a su legislación por mandato constitucional.

El artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) protege la “libertad de los individuos y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que la educación dada en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”. La legislación boliviana vulnera el derecho de los derechos humanos al establecer una prohibición general a la libertad de las organizaciones e iglesias para establecer y dirigir escuelas normales, y al no establecer los requisitos mínimos que les permitirían hacerlo.

El INSCSS fue creado el 23 de febrero de 1956 a solicitud del Arzobispo de La Paz, Monseñor Abel Antezana. La finalidad del colegio era (i) formar maestros para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria; (ii) certificar a sus egresados como maestros; y (iii) tramitar el registro de sus egresados de acuerdo a las normas nacionales bolivianas de enseñanza.

El INSCSS ha formado a más de 12.750 profesores y ha producido 125 textos educativos, 14 de ellos escritos en diferentes lenguas indígenas para satisfacer las necesidades de los bolivianos. Además, el INSCSS ha recibido varias distinciones de diferentes alcaldes y gobernadores por sus contribuciones a la cultura, la educación y el desarrollo de Bolivia. Algunas distinciones notables incluyen la más alta distinción del Estado boliviano, la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes, así como condecoraciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia por su destacada labor en la formación de docentes.

En 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley N° 070 de Educación, también conocida como “Ley Avelino Siñani”, que nacionalizó la formación de docentes. La ley usurpó la libertad de las instituciones para formar maestros, otorgando al Estado competencia exclusiva en la materia. Al mismo tiempo, ordenó el cierre de los institutos privados de formación docente. Posteriormente, se cerró el INSCSS.

Tras el cierre forzoso, la Conferencia Episcopal presentó una petición de reapertura del establecimiento ante el Ministerio de Educación boliviano, junto con un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación, los cuales fueron rechazados. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá pronunciarse en los próximos meses sobre la admisibilidad del caso y notificar al Estado para que responda a las demandas presentadas en su contra.

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