(ZENIT Noticias / Managua, 03.04.2025).- En otra ofensiva contra la Iglesia Católica en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado la Curia Episcopal de Matagalpa, despojando así a la diócesis de su sede histórica. La medida, reportada por «La Prensa» el 31 de marzo, forma parte de una campaña de persecución contra la Iglesia, que ha sido una férrea crítica de la dictadura y un referente de resistencia desde las protestas prodemocráticas de 2018.

El edificio, construido en la década de 1930 para albergar el Palacio Episcopal, ha sido reconvertido en oficinas de «Sermesa», una empresa afiliada al sistema de seguridad social de Nicaragua. Esta confiscación es la última de una serie de escaladas contra la Diócesis de Matagalpa, que ha sufrido una de las represiones más severas bajo el régimen de Ortega.

La confiscación de la curia se considera ampliamente como una extensión de la venganza del régimen de Ortega contra el obispo Rolando Álvarez, líder exiliado de la diócesis. Arrestado en 2022 tras un allanamiento policial de dos semanas en iglesias de Matagalpa, Álvarez fue condenado en 2023 a 26 años de prisión por cargos de «traición». Despojado de su ciudadanía nicaragüense, se convirtió en apátrida, en una flagrante violación del derecho internacional.

Tras meses en prisión, Álvarez fue exiliado forzosamente al Vaticano en enero de 2024 como parte de un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno nicaragüense. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, rompiendo su silencio solo ocasionalmente para reafirmar su conexión espiritual con su patria. En diciembre de 2024, celebró una misa en Sevilla, España, ofreciendo oraciones por Nicaragua y por el centenario de la diócesis de Matagalpa.

En entrevistas con medios españoles y la emisora ​​católica EWTN a principios de este año 2025, Álvarez evitó hacer declaraciones políticas directas, enfatizando en cambio su rol como pastor. Dejó claro que, a pesar del exilio, sigue siendo el obispo legítimo de Matagalpa y el administrador apostólico de Estelí. «Fui ordenado para la Diócesis de Matagalpa y seguiré siendo su pastor mientras Dios quiera», declaró.

Estos comentarios enfurecieron al régimen de Ortega-Murillo. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua condenó al Vaticano por «intromisión en los asuntos nacionales» y acusó a la Iglesia de «asignar autoridad a personas que ya no son ciudadanos nicaragüenses debido a su conducta intolerable». El comunicado del régimen incluso recurrió a ataques históricos, acusando a la Iglesia de crímenes que se remontan a la Inquisición y escándalos de abuso sexual.

El ataque contra Álvarez y la diócesis de Matagalpa es emblemático de una estrategia más amplia para silenciar a las instituciones religiosas en Nicaragua. Las organizaciones cristianas, tanto católicas como protestantes, han sido blanco de ataques constantes. En los últimos cinco años, el gobierno ha clausurado más de 5660 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo numerosos grupos religiosos. Entre los cierres más recientes se encuentran la Asociación Cristiana del Monte de la Santa Unción, el Ministerio de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera y el Ministerio Evangélico Cherubini del Rey.

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