(ZENIT Noticias / Los Ángeles, 22.10.2024).- En nombre de un centro de embarazo pro-vida sin fines de lucro y una red sin fines de lucro de centros afiliados, los abogados de Alliance Defending Freedom presentaron una demanda contra el fiscal general de California por usar su poder para censurar los centros de embarazo pro-vida porque informan a las mujeres sobre la opción de tomar progesterona suplementaria para revertir la píldora abortiva. La progesterona es una hormona segura y natural que se puede utilizar para contrarrestar los efectos que acaban con la vida de los medicamentos abortivos.

En septiembre de 2023, el fiscal general de California, Rob Bonta, demandó a Heartbeat International, una red nacional de centros de embarazo, y a RealOptions Obria Medical Clinics, una cadena de cinco centros de embarazo en California, por publicar información sobre la reversión de la píldora abortiva, incluido que es segura y puede ser un tratamiento eficaz. La demanda de Bonta, con motivaciones políticas, amenaza a otros centros de embarazo en el estado que han hecho, o les gustaría hacer, declaraciones similares. Los abogados de ADF están desafiando al fiscal general en nombre del Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida y el Centro de Embarazo SCV en Santa Clarita.

“El acceso a la información es un sello distintivo de una sociedad libre y es esencial para tomar decisiones médicas informadas. Pero el fiscal general de California está silenciando a los centros de embarazo y censurando la información sobre opciones médicas que salvan vidas”, dijo el asesor principal de ADF, Caleb Dalton. “Puede que al fiscal general Bonta y a sus aliados de Planned Parenthood no les guste, pero la verdad es que muchas mujeres se arrepienten de sus abortos y algunas buscan detener los efectos de los medicamentos abortivos químicos antes de tomar el segundo medicamento en el proceso de medicación abortiva. Las mujeres merecen conocer todas sus opciones en cada paso del camino”.

“Toda mujer debería tener la opción de reconsiderar la posibilidad de abortar, y los centros de embarazo pro vida que representamos en este caso informan a las mujeres con veracidad sobre esa opción”, agregó Dalton. “Estamos instando al tribunal a que afirme la libertad de los centros de embarazo para informar al público sobre este tratamiento legal que salva vidas”.

NIFLA y SCV Pregnancy Center desean informar a las mujeres de California que han tomado el primer medicamento abortivo que es posible contrarrestar sus efectos letales si cambian de opinión y buscan tratamiento dentro de las 72 horas posteriores a la toma del primer medicamento. Pero su discurso, respaldado científicamente, sobre el tratamiento complementario con progesterona se ve enfriado por la campaña de censura del fiscal general contra discursos similares.

Múltiples estudios científicos respaldan las declaraciones que los centros de embarazo pro vida desean compartir con las mujeres. La progesterona es una hormona natural necesaria para mantener el embarazo y se ha utilizado durante décadas para prevenir el aborto espontáneo y el parto prematuro. Las estadísticas muestran que la reversión de la píldora abortiva probablemente haya salvado más de 5.000 vidas no nacidas y un estudio encontró que 64-68% de tasa de éxito. Sin embargo, el fiscal general ha puesto en la mira a los centros que informan a las mujeres sobre esta opción debido a los puntos de vista pro-vida de los centros y el contenido de su discurso. Los abogados de ADF explican en la demanda que tales acciones de un funcionario del gobierno violan los derechos de la Primera Enmienda de los centros de embarazo a hablar libremente y practicar sus creencias religiosas.

En un caso similar de ADF en Nueva York, un tribunal de distrito dictaminó recientemente que dos centros de embarazo religiosos sin fines de lucro y NIFLA tienen libertad para informar a las mujeres sobre el potencial de salvar vidas del uso de progesterona para revertir la píldora abortiva mientras continúa su demanda.

Los abogados de ADF presentaron la demanda, National Institute of Family and Life Advocates v. Bonta , en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Central de California. El abogado de Charis Lex PC, Sean Gates, uno de los más de 4.500 abogados de la Red de Abogados de ADF, se desempeña como asesor local en nombre de los centros de embarazo.

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