(ZENIT Noticias / Managua, 08.11.2024).- En una restricción sin precedentes a la libertad religiosa, las autoridades nicaragüenses, bajo la directiva del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, habrían prohibido a los sacerdotes católicos ingresar a los hospitales para realizar el sacramento de la Unción de los Enfermos. El sacramento, un rito profundamente significativo para los fieles que enfrentan enfermedades críticas o están cerca del final de la vida, ahora es en gran parte inaccesible en los hospitales públicos del país, según la abogada y autora Martha Patricia Molina.

Molina, autora del informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?”, describió la situación a LA PRENSA como un ataque directo a la Iglesia y su capacidad de ministrar a sus seguidores. “Es costumbre para nosotros como católicos llamar a los sacerdotes para la unción cuando enfrentamos problemas críticos de salud, para la paz espiritual”, afirmó. “Sin embargo, ahora los sacerdotes son rechazados en los hospitales, donde se les dice que tienen prohibido el ingreso”. Esta prohibición, añadió Molina, se extiende a todas las regiones del país, dejando a muchos nicaragüenses católicos sin poder recibir este sacramento esencial en un momento crítico de sus vidas.

La Unción de los Enfermos, antes conocida como “Extremaunción”, se administra para brindar fuerza espiritual y gracia durante una enfermedad grave o la vejez. Implica la unción de la frente y las manos del enfermo, acompañada de oraciones dirigidas por un sacerdote. Reservado para quienes enfrentan desafíos de salud importantes, este sacramento ofrece paz y preparación para la “transición a la casa del Padre”, como se describe en el Catecismo Católico. Con esta nueva política, a numerosos católicos nicaragüenses se les puede negar este sacramento en sus momentos finales, un problema que Molina llama “devastador”.

A pesar de una fachada pública aparentemente tranquila, la persecución del gobierno nicaragüense a la Iglesia Católica sigue siendo tan severa como siempre, enfatizó Molina. Señaló la vigilancia constante, el acoso y la intimidación de los sacerdotes como evidencia de que la hostilidad hacia la Iglesia no ha disminuido. “La policía vigila continuamente a los sacerdotes, les hace preguntas y les recopila información personal detallada, desde números de teléfono hasta nombres de familia”, dijo. Esta vigilancia, según Molina, ha llevado a muchos sacerdotes a buscar el exilio en lugar de enfrentarse a la intimidación y, en algunos casos, a la amenaza de prisión.

Un sacerdote de la diócesis de Siuna, dirigida por el obispo Isidoro del Carmen Mora Ortega, se ha unido recientemente a las filas del clero exiliado. Después de recibir amenazas y una citación para comparecer ante las autoridades, el sacerdote tomó la difícil decisión de abandonar Nicaragua, por temor a ser detenido y a una mayor persecución. El propio obispo Mora Ortega ya había sido expulsado del país por la fuerza, otra víctima de lo que muchos llaman una campaña de intimidación por parte del gobierno de Ortega.

Con este último caso, un total de 67 clérigos se han exiliado para escapar de la persecución, sumándose a las otras 255 figuras religiosas obligadas a abandonar Nicaragua. Entre los contabilizados en el informe de Molina hay 98 monjas, junto con obispos, sacerdotes y seminaristas. Además, a 34 personas se les ha impedido regresar a Nicaragua y al menos nueve han sido expulsadas directamente.

El creciente éxodo de líderes religiosos y la disminución de la capacidad de la Iglesia para servir a su congregación ha dejado a muchos católicos en Nicaragua sintiéndose vulnerables. “Puede que haya una fachada de calma, pero la opresión persiste”, observó Molina. La vigilancia continua y las medidas restrictivas impuestas a la Iglesia son un recordatorio aleccionador de la actitud de tolerancia cero del régimen hacia las voces disidentes, especialmente las de las comunidades religiosas.

Mientras los fieles de Nicaragua lidian con esta represión en curso, se insta cada vez más a la comunidad internacional a abordar y denunciar estas crecientes infracciones a la libertad religiosa. El derecho a recibir atención espiritual en tiempos de enfermedad y muerte es considerado por muchos un derecho fundamental, y las recientes prohibiciones del gobierno han suscitado preocupación en todo el mundo sobre la trayectoria de los derechos religiosos bajo la administración de Ortega.

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