Darío Salvi

(ZENIT Noticias – Asia News / Milán, 05.11.2024).- Sólo en el mes de octubre se produjeron al menos 80 incidentes en 42 aldeas palestinas donde la población local, con el apoyo de organizaciones internacionales, se dedica a una de las pocas actividades que todavía proporcionan sustento económico: la recolección de aceitunas. Así lo documenta la ONG israelí Yesh Din, que habla de tiroteos, agresiones violentas, amenazas y expulsiones de recolectores, bloqueos de actividades, robos de cosechas, equipos y arranques forzosos de plantas. A la sombra del conflicto en Gaza, y de la escalada con el Hezbolá libanés en el frente norte de este intrincado puzzle regional, tiene lugar una «guerra silenciosa» lanzada por colonos israelíes y grupos extremistas contra civiles palestinos. Un panorama de abusos y violaciones llevadas a cabo bajo la mirada de la policía y las fuerzas de seguridad del Estado judío, presentes en el 85% de los casos: los agentes, de hecho, dejan campo libre a los agresores o ellos mismos alimentan la violencia.

“Una política de Estado”

El crescendo de la violencia combinada de los colonos y el ejército preocupa a Naciones Unidas: según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el Estado judío utiliza en Cisjordania tácticas de «guerra» que ni siquiera perdonan a los campesinos, con el consiguiente aumento de víctimas. Entre el 8 y el 14 de octubre, nueve palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes, lo que desató una alarma generalizada entre las comunidades locales y los grupos pro derechos humanos. El creciente número de incidentes y la cooperación entre colonos y personal de las fuerzas de seguridad», señalan los expertos de Yesh Din, “hacen temer que el bloqueo de la cosecha de aceitunas en Cisjordania sea una política deliberada israelí”.

Uno de los incidentes más destacados se produjo cuando Hanan Abd Rahman Abu Salameh, una mujer de 59 años, fue asesinada por un soldado israelí mientras recogía aceitunas cerca de Yenín, acribillada por una decena de balas. La ONG activista también ha documentado 32 ataques de colonos contra palestinos y sus propiedades desde principios de octubre, y unos 600 valiosos olivos han sido «destruidos, vandalizados o robados por colonos», prosigue el informe. Para las comunidades palestinas de Cisjordania, el fruto representa el activo más importante y forma parte integrante de la historia y la tradición locales, generando hasta 70 millones de dólares al año para los productores. Entre el 25% y el 33% de la población participa de diversas formas en la industria olivarera, de la que se obtienen, entre otros, el renombrado aceite y el jabón.

Además, a los ataques y expropiaciones se suman las severas restricciones de acceso a la tierra durante las últimas cosechas. Así lo denuncia la ONG activista HaMoked, que apoya a los agricultores en la cosecha: para «cientos de miles de palestinos», dicen, «es el acontecimiento más importante del año» tanto a nivel «cultural» como «principal fuente de sustento». Una cita que este año, más que en el pasado, está «realmente en peligro» porque en muchas zonas las autoridades israelíes han «cerrado» el acceso a la tierra más allá del muro divisorio. Estas zonas, designadas como Seam Zones por el ejército (IDF), constituyen casi el 10% de Cisjordania. Unas 150 ciudades y pueblos palestinos tienen olivares en estas zonas tan fértiles. Mientras que en el pasado los cultivadores se enfrentaban a severas restricciones y trabas burocráticas, a partir del 7 de octubre de 2023 el paso está prácticamente vedado y las puertas cerradas, mientras que los plazos son cada vez más ajustados para evitar la pérdida de la cosecha.

Grupo de trabajo anti-activista

En las últimas semanas, Israel ha intensificado al mismo tiempo sus esfuerzos por obstaculizar la labor de los activistas y las organizaciones internacionales que trabajan en Cisjordania, especialmente los que apoyan la recogida de aceitunas. Desde principios de octubre, ocho extranjeros han sido detenidos y cinco de ellos posteriormente expulsados u obligados a abandonar el país, mientras que a los otros tres se les ha prohibido la entrada durante periodos de tiempo variables. Las detenciones representan una escalada de las restricciones al acceso internacional a territorio ocupado, una política facilitada por un «grupo de trabajo» especial creado en abril por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Una fuerza cuyo objetivo es controlar a los activistas extranjeros y que opera bajo la unidad central de la policía israelí en Shai (Cisjordania), en coordinación con la Autoridad de Población e Inmigración.

Según datos del Fondo para los Defensores de los Derechos Humanos, al menos 15 activistas extranjeros fueron detenidos y luego deportados u obligados a abandonar el país. La revista +972 recogió varios testimonios sobre amenazas, intimidación y falsas acusaciones durante los interrogatorios de los agentes de seguridad. Muchos afirman que los tacharon de «terroristas», «gente que odia a Israel», «partidarios de Hamás» y que querían «atacar a judíos y soldados». En algunos casos, la policía les presentó fotografías que revelaban un estrecho y prolongado seguimiento tanto sobre el terreno como a través de sus redes sociales.

En este sentido, hay estadounidenses, alemanes, canadienses y coreanos entre quienes han estado en el punto de mira de esta fuerza policial especial cuyo objetivo, según Ben-Gvir, es contrarrestar las actividades de «anarquistas y terroristas» mediante «detenciones y expulsiones». Netta Golan, una de las fundadoras del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), subraya el amplio uso que hace la policía de la acusación de «terrorismo». «Culpan a personas que no tienen ninguna relación con los actos de violencia, mienten y exageran«, ataca, “hasta el nivel de ”apoyo al terrorismo“ e ”incitación a la violencia’». «Cuando estas acusaciones», continúa, “se hacen contra ciudadanos internacionales, [la policía] no tiene que probarlas y las personas son detenidas y deportadas”. «Pero cuando los mismos cargos se formulan contra palestinos, en Cisjordania se les envía a detención administrativa [sin cargos ni juicio], se les tortura y corren el riesgo de morir de hambre en prisión. Y en Gaza», concluye, “se les mata con sus hijos y familias enteras”.

Colonos, un año de ataques

Por último, los ataques contra tierras y campesinos palestinos forman parte de un panorama más amplio de violencia perpetrada por colonos judíos, con el aval de las autoridades gubernamentales israelíes -en algunos flecos vinculadas a movimientos pro-ocupación-, que alimentan el asalto y la expropiación. Uno de los últimos incidentes tuvo lugar ayer por la mañana, cuando un grupo de colonos incendió varios coches y vehículos palestinos, tras atacar una zona industrial cercana a la ciudad cisjordana de Al-Bireh. Según testigos, al menos 20 coches fueron incendiados por asaltantes armados, que no dudaron en abrir fuego contra los equipos de protección civil y las ambulancias que se encontraban en el lugar, impidiéndoles llegar hasta los vehículos quemados y prestar ayuda.

Según cifras palestinas, el año pasado -después del atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto en Gaza- los colonos israelíes llevaron a cabo unas 16.663 incursiones contra personas, tierras y propiedades en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental.

Según estimaciones del movimiento israelí contra la ocupación Paz Ahora, hay al menos medio millón de colonos -ilegales según el derecho internacional- diseminados en 146 asentamientos y 224 puestos avanzados. Ataques que se unen a una situación general de fuerte tensión en toda Tierra Santa por un conflicto que, en poco más de un año, ha causado la muerte de casi 43.300 palestinos, en su mayoría civiles, especialmente mujeres y niños. Una espiral de violencia que, aunque centrada en la Franja, ni siquiera ha perdonado a Cisjordania donde, según el Ministerio de Sanidad palestino, hay al menos 768 víctimas y otros 6300 heridos en operaciones del ejército o ataques de colonos. Una escalada que no ha cesado, sino que se ha recrudecido tras la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, que en julio declaró «ilegal» la ocupación israelí de tierras palestinas durante décadas. Los jueces exigieron finalmente -hasta ahora en vano- la evacuación de todos los asentamientos existentes en Cisjordania y Jerusalén Este.

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