(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 03.11.2024).- Los gobiernos deben despenalizar el consumo de drogas, la prostitución, el aborto y la no divulgación del estado serológico a las parejas sexuales, según un informe de la ONU sobre el derecho humano a la salud. Pero cuando se trata del alcohol, el tabaco y los alimentos poco saludables, los gobiernos deben adoptar regulaciones estrictas.

Estas afirmaciones las hizo la Dra. Tlaleng Mofokeng, Relatora de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, en su último informe sobre un “enfoque basado en los derechos humanos para la reducción de daños”. La médico sudafricana que practica abortos y es defensora de la prostitución, que presenta un programa de entrevistas sobre terapia sexual, presentó su informe a la Asamblea General esta semana.

“El daño puede manifestarse de muchas maneras. A veces, se origina en ciertas conductas o sustancias; otras veces, no se origina en las conductas o sustancias en sí, sino en la forma en que los Estados las abordan (o no)”, afirma Mofokeng.

Mofokeng sostiene que el aborto, la prostitución y la no divulgación del estado serológico a las parejas sexuales pueden no suponer “ningún daño real o potencial” y que las leyes que penalizan tales conductas son parte del legado de “normas y políticas nocivas” difundidas por el colonialismo. Ese legado, dice, sigue vigente en “el dominio global de las corporaciones, en su mayoría con sede en el Norte global pero que operan en el Sur global” que fabrican y venden alcohol, tabaco, alimentos poco saludables y dañan el medio ambiente.

Mofokeng se opone, sobre todo, a la criminalización. “Las leyes y las políticas pueden convertirse en un vehículo para el daño, ya sea al potenciarlo o al generarlo”, afirma. “Un marco jurídico que depende excesivamente del derecho penal ha alimentado la estigmatización y la marginación de las personas que ejercen el trabajo sexual y en el contexto del aborto y las relaciones entre personas del mismo sexo, así como en los casos de transmisión, exposición y no divulgación del VIH”. Las leyes penales, en particular, tienen “un impacto profundamente negativo en las minorías, las mujeres y las niñas, las personas LGBTIQA+, los trabajadores sexuales, los migrantes y las personas que viven con el VIH/SIDA, entre otros grupos de población”, afirma su informe.

Los gobiernos tienen la obligación de mitigar los daños como parte de un “enfoque de derechos humanos”, que incluye la despenalización de conductas como el consumo de drogas, la prostitución y el aborto. Sostiene que en el caso de la prostitución, los gobiernos también deben considerar la posibilidad de “reducir la vigilancia policial” para respetar los derechos de las prostitutas a ejercer su oficio libremente sin interferencias gubernamentales.

Respecto a las restricciones al aborto y las leyes contra la prostitución, Mofokeng dice que suponen “una forma severa e injustificada de control estatal, que genera estigma y discriminación y constituye una violación de los derechos humanos”.

Mofokeng también sostiene que “las leyes penales específicas sobre el VIH, que penalizan la exposición, transmisión y no divulgación del estado serológico, violan el derecho a la salud y otros derechos relacionados, incluido el derecho a la privacidad. Especialmente en ausencia de transmisión real, los daños derivados de la no divulgación y la exposición al VIH no justifican la penalización”.

Las opiniones de expertos de derechos humanos de la ONU como Mofokeng no son vinculantes ni tienen autoridad y se espera que generen controversia en la Asamblea General. El informe es uno de los más de treinta informes preparados por expertos de derechos humanos de la ONU y presentados a la Asamblea General este otoño. Los informes se preparan y revisan anualmente en el tercer comité del organismo mundial.

Las opiniones expresadas sobre la prostitución contradicen las opiniones expresadas por otros expertos de la ONU. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer expresó recientemente la opinión de que la prostitución es inherentemente explotadora y una forma de violencia contra la mujer.

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