(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 10.09.2024).- La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha lanzado una Política Digital de diez años para ampliar el acceso a Internet y a la tecnología digital. El objetivo declarado de la política no es sólo aumentar la conectividad, sino promover la “democracia” y los estándares occidentales de “derechos humanos”, incluso mediante herramientas de control social como la censura y la propaganda.

En la presentación de la Política Digital , la Administradora de USAID, Samantha Power, describió la política como “una carrera contra el tiempo por la funcionalidad más amplia de nuestras democracias y de la gobernanza”.

Power explicó que China, Rusia y otros rivales geopolíticos de Estados Unidos habían invertido cantidades “astronómicas” en tecnología de la información a nivel mundial y que Estados Unidos todavía estaba tratando de alcanzarlos.

La política crea una nueva oficina a cargo del desarrollo de infraestructura digital y también duplica el presupuesto de USAID para infraestructura digital de 15 millones de dólares a 30 millones de dólares. Puede parecer una cantidad pequeña, pero la política movilizará cientos de millones más de recursos privados. Funcionará como una asociación con el sector privado y movilizará los canales oficiales del gobierno estadounidense para facilitar las inversiones privadas en infraestructura digital en el extranjero.

Más allá del beneficio para los inversores tecnológicos estadounidenses, el objetivo de la política es influir en la política de otros países a través de normas para los medios digitales que rigen el discurso político nacional. La política complementa la política de democracia y gobernanza de USAID, que exige “ecosistemas de información saludables”.

Las inversiones que USAID espera atraer no solo se destinarán a infraestructura digital, sino también a herramientas de control de contenidos digitales. Las inversiones se destinarán a formar y contratar “moderadores de contenidos” y “trabajadores de enriquecimiento de datos” que clasifiquen la información que entrena a la inteligencia artificial para detectar y censurar contenidos considerados nocivos según los estándares de derechos humanos y democracia.

Samantha Power promocionó un conjunto integral de iniciativas para desarrollar estándares internacionales de derechos humanos que promuevan la censura y la propaganda para que sean utilizados por todas las plataformas tecnológicas, a veces bajo la etiqueta de “alfabetización mediática”. Dijo que están construyendo una recopilación de “derechos inclusivos que respeten la tecnología en todo el mundo”. La agencia llama a todo esto “derechos humanos por diseño”.

El componente de derechos humanos de la política incluye la promoción de políticas transgénero controvertidas y la lucha contra las creencias tradicionales sobre el matrimonio y la familia. La política atribuye el “retroceso democrático global” a “campañas de manipulación de información en línea, que a menudo se dirigen a grupos marginados, en particular mujeres, niñas y comunidades LGBTQI+”.

Si bien la política pretende promover la libertad de expresión, define “manipulación de la información” e “integridad de la información” de manera vaga, con referencia a un informe del Secretario General de la ONU y a un memorando clasificado de la comunidad de inteligencia estadounidense al que el público no puede acceder. Se entiende que ambos términos incluyen la supresión de contenido, la censura, la exclusión de plataformas y otras herramientas de control social.

Powers dijo que el extremismo era un resultado directo de “la ausencia de árbitros” en las plataformas tecnológicas. “Lo que se obtiene es un ecosistema más dividido”, explicó.

Power fue franca respecto de la dificultad de imponer herramientas de control social en países extranjeros. Admitió que los gobiernos se acercaban a USAID para construir infraestructura, pero cuando llegó el momento de hablar sobre normas y regulaciones para regular la tecnología, “no las querían”.

Aunque la Política Digital menciona las preocupaciones sobre la privacidad como parte de los “ecosistemas digitales abiertos, inclusivos, seguros y respetuosos de los derechos” que USAID quiere construir, también promociona iniciativas de identificación digital invasivas, como la que USAID desarrolló en Ucrania. La iniciativa de identificación digital de Ucrania, llamada Diia, requiere que los ciudadanos utilicen un marcador digital para acceder a todos los servicios públicos. Esta política innovadora ha llevado a algunos a llamar a Ucrania el primer “Estado digital”.

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