(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 18.06.2024).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó oficialmente reglas de control social iniciadas por los gobiernos occidentales durante la pandemia de COVID, lo que es más alarmante, la censura de los críticos. Estas nuevas reglas surgen como enmiendas a un acuerdo conocido como Reglamento Sanitario Internacional.

Las nuevas reglas internacionales, propuestas originalmente por la administración Biden para fortalecer la cooperación y el intercambio de información durante futuras pandemias, reflejan fielmente las políticas de Biden durante la pandemia de COVID-19. Otorgan a la agencia de salud internacional amplios poderes nuevos no solo para declarar y gestionar futuras pandemias, sino también el poder de prohibir la expresión e imponer pasaportes sanitarios digitales.

Las enmiendas enumeran “abordar la desinformación y la desinformación” entre las “capacidades básicas” esenciales que los países necesitan para prepararse para futuras pandemias. Las enmiendas otorgan a la OMS la autoridad para coordinar y guiar cómo los países desarrollan dicho régimen de censura.

Durante la pandemia de COVID-19, la administración Biden y otros países occidentales ordenaron la supresión de información sanitaria que pudiera haber estado en desacuerdo con los boletines de la Organización Mundial de la Salud.

Los funcionarios de la administración ordenaron a cientos de empleados federales que buscaran en Internet y se comunicaran con organizaciones de redes sociales y tradicionales para suprimir cualquier información que contradijera las políticas de salud oficiales de COVID-19. La supresión específica incluyó la eficacia de las vacunas, el mandato de vacunación, el enmascaramiento y la información sobre tratamientos alternativos para COVID-19.

La administración Biden también promovió la vacunación obligatoria y ordenó la supresión de las críticas a tales políticas. Si bien la administración no pudo imponer mandatos de vacunas a los gobiernos estatales, sí obligó a los empleados federales a vacunarse y dijo a las empresas de redes sociales y tradicionales que eliminaran cualquier información de salud que criticara dichos mandatos.

Si bien estos abusos recibieron atención política en los últimos años, incluso a través de Twitter Files, el aspecto internacional del escándalo no había recibido atención política y mediática hasta las negociaciones del tratado sobre la pandemia en los últimos meses.

Fueron los funcionarios internacionales de la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas y del Director General de la OMS quienes primero pidieron a los gobiernos, así como a las empresas de medios tradicionales y sociales, que controlaran el flujo de información sanitaria al comienzo de la pandemia. Esto incluyó censurar cualquier mensaje que se opusiera a los mandatos de vacunas, cuestionar la eficacia de nuevas vacunas experimentales y plantear el espectro de los efectos secundarios negativos de dichas vacunas. También incluía promover únicamente propaganda sanitaria aprobada.

El Reglamento Sanitario Internacional también plantea la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud desarrolle un sistema de pasaportes internacionales de vacunación, incluidos pasaportes sanitarios digitales.

Las enmiendas de la administración Biden ordenan a la OMS que “desarrolle y actualice, según sea necesario, orientación técnica, incluidas especificaciones o estándares relacionados con la emisión y verificación de la autenticidad de los documentos de salud, tanto en formato digital como no digital”.

El Reglamento Sanitario Internacional es un conjunto de reglas estándar para armonizar las políticas globales de salud pública. Aunque la agencia internacional y muchos países las consideran vinculantes, la administración Bush se sumó a las regulaciones en 2005 sin pedir consejo ni consentimiento al Senado de Estados Unidos.

Se suponía que las enmiendas adoptadas la semana pasada se acordarían junto con un tratado internacional sobre pandemias para ayudar a brindar asistencia económica a los países pobres para prepararse para futuras pandemias. Sin embargo, el tratado sobre la pandemia no pudo adoptarse la semana pasada y se espera que las negociaciones sobre ese acuerdo continúen hasta 2025.

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