(ZENIT Noticias / Washington, 04.03.2025).- La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB, por sus siglas en inglés) enfrenta un golpe significativo a sus esfuerzos de reasentamiento de refugiados luego de que el Departamento de Estado cancelara su contrato el 27 de febrero. La decisión no solo interrumpe una asociación de larga data entre el gobierno federal y la Iglesia Católica para ayudar a los refugiados, sino que también genera incertidumbre sobre una batalla legal en curso relacionada con millones de dólares en fondos no pagados.

Durante décadas, la USCCB ha desempeñado un papel central en la coordinación del reasentamiento de refugiados en los Estados Unidos, distribuyendo fondos federales a agencias de Caridades Católicas en todo el país. Desde 1980, la conferencia de obispos ha ayudado a los recién llegados a encontrar vivienda, empleo y apoyo comunitario durante sus primeros meses en los EE.UU. Sin embargo, ese programa ahora está en peligro luego de la decisión del Departamento de Estado de terminar el acuerdo, declarando que «ya no se alinea con las prioridades de la agencia».

En una carta enviada el 26 de febrero, el contralor del Departamento de Estado, Joseph Kouba, informó a la USCCB que su acuerdo financiero para el reasentamiento de refugiados fue “terminado inmediatamente” a partir del 27 de febrero. La carta ordenó a los obispos detener todas las actividades del programa y declaró que solo se podrían reembolsar los gastos incurridos antes de la fecha de terminación.

La decisión sigue a una demanda que la USCCB presentó el 18 de febrero, impugnando la suspensión del gobierno federal de la financiación de los servicios para refugiados dirigidos por católicos. Los obispos argumentaron que la ley federal garantiza a los refugiados el derecho a la asistencia para el reasentamiento financiada por el gobierno, que describieron como esencial para ayudar a las personas desplazadas a establecer vidas estables en los EE. UU. La USCCB también sostuvo que la congelación de los programas de reasentamiento por parte de la administración Trump era ilegal y debería ser revocada por los tribunales.

Para agravar la disputa, los obispos afirman que el gobierno federal les debe más de 20 millones de dólares por servicios ya prestados. Aunque la demanda todavía está en sus primeras etapas, un juez federal rechazó el 20 de febrero la solicitud de la USCCB de restauración inmediata de la financiación, dictaminando que los obispos no habían demostrado que la congelación de la financiación causaría un “daño irreparable”.

Ahora que el contrato ha sido rescindido oficialmente, la batalla legal puede cambiar de enfoque. El gobierno federal, en su última presentación ante la corte el 27 de febrero, argumentó que la USCCB debería buscar reembolsos impagos a través de canales administrativos en lugar de litigios. La posición del gobierno es que la rescisión del acuerdo elimina cualquier fundamento legal para una orden judicial, afirmando que la única opción restante de la USCCB es presentar reclamos financieros a través del Tribunal Federal de Reclamaciones.

Se espera que la cancelación del contrato tenga consecuencias de gran alcance, en particular para las agencias de Caridades Católicas en todo el país que dependen de la financiación federal para apoyar a miles de refugiados cada año. El impacto ya se está sintiendo. A principios de este mes, la USCCB despidió a 50 empleados, aproximadamente un tercio de su personal de servicios de migración y refugiados, debido a los pagos federales congelados. El último recorte de fondos podría obligar a más despidos, lo que podría desmantelar toda la rama de reasentamiento de refugiados de la conferencia de obispos.

Más allá de Washington, las organizaciones de Catholic Charities en todo el país también están reduciendo su personal. Algunas agencias ya han comenzado a despedir a trabajadores, y una oficina redujo el 20% de su personal en respuesta a la incertidumbre financiera.

En 2023, la USCCB recibió $130 millones en contratos federales para servicios para refugiados y migrantes, y la mayoría de los fondos se distribuyeron a agencias locales de Catholic Charities que brindan asistencia directa a los refugiados. Entre 2014 y 2023, la conferencia administró casi $800 millones en fondos federales para estos programas, gastando un total de $850 millones en esfuerzos de reasentamiento.

Ahora, con el gobierno federal cortando lazos, el futuro de la asistencia a los refugiados dirigida por católicos sigue siendo incierto. Queda por ver si la USCCB encontrará fuentes de financiación alternativas o reestructurará sus programas para continuar su misión sin el apoyo del gobierno. Mientras tanto, es probable que la batalla legal por los fondos impagos se intensifique a medida que los obispos luchan por recuperar lo que afirman que se les debe.

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