(ZENIT Noticias / Managua, 25.01.2025).- Los Frailes Carmelitas Descalzos de la Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, una orden religiosa con más de cinco décadas de servicio pastoral en Managua, han anunciado su salida. Aunque oficialmente se atribuye a la escasez de vocaciones, los informes indican que las presiones políticas del régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua jugaron un papel decisivo en esta inesperada decisión.

Los frailes, conocidos por su devoción mariana y su compromiso con la fe eucarística, han sido una piedra angular de la comunidad de Nuestra Señora del Carmen desde su llegada. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación revelaron que la insistencia del gobierno en controlar qué frailes podían permanecer en la parroquia creó una situación insostenible. Ante la perspectiva de una interferencia en su misión, los frailes optaron por ceder la parroquia a la Arquidiócesis de Managua.

En un comunicado oficial, los Frailes Carmelitas expresaron su esperanza de regresar: “Si Dios Padre lo permite, cuando tengamos más vocaciones, esperamos regresar. Permanecemos en comunión eclesial a través de nuestras oraciones y encomendamos la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y toda la Iglesia en Nicaragua a la Inmaculada Concepción de María”.

La partida marca el final de un capítulo significativo para los Carmelitas Descalzos, cuyo ministerio en la parroquia abarcó generaciones. Los frailes expresaron su gratitud por los innumerables lazos de fe que forjaron con los feligreses, enfatizando la alegría de la devoción mariana y la celebración eucarística que definieron su trabajo.

Para transferir formalmente las responsabilidades pastorales, el Cardenal Leopoldo Brenes celebrará una Misa el domingo 26 de enero de 2025 a las 5:00 p.m. Durante este servicio, el Padre Yedris Calero asumirá el liderazgo de la parroquia.

La partida de los frailes carmelitas es parte de un patrón más amplio de hostilidad hacia la Iglesia Católica bajo el régimen de Ortega-Murillo. La Iglesia ha enfrentado una creciente represión desde 2018, incluida la confiscación de 19 propiedades religiosas y la asombrosa cifra de 971 ataques registrados contra sus instituciones y miembros, según el informe “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?” de la experta legal Martha Patricia Molina.

Las acciones del gobierno reflejan una campaña cada vez más profunda contra las voces disidentes, en la que la Iglesia Católica suele estar a la vanguardia de la defensa de la justicia, la paz y los derechos humanos. Al atacar al clero y a las instituciones religiosas, el régimen pretende suprimir una de las pocas entidades independientes que quedan en el país.

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