(ZENIT Noticias / Managua, 14.11.2024).- El obispo de la Diócesis de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), fue desterrado este miércoles 11 de noviembre y trasladado a Guatemala, intensificando así la ya preocupante represión contra la Iglesia Católica en el país centroamericano. Monseñor Herrera, de 75 años, fue detenido en Managua luego de asistir a una reunión con los pocos obispos que aún permanecen en la nación, siendo trasladado de inmediato a una residencia de la Orden de Frailes Menores en Guatemala, a la cual pertenece.

Persecución sistemática contra la Iglesia en Nicaragua

Este exilio forzado de monseñor Herrera lo convierte en el tercer obispo nicaragüense en ser obligado a dejar el país bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un contexto que agrava las tensiones entre el régimen y la Iglesia. La expulsión de figuras eclesiásticas ha sido vista por observadores internacionales y grupos defensores de los derechos humanos como una respuesta a la voz crítica que la Iglesia ha sostenido frente a los abusos del gobierno. En enero de este mismo año, los obispos Rolando José Álvarez, de Matagalpa, e Isidoro del Carmen Mora, de Siuna, fueron también desterrados. Asimismo, en 2019, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, debió exiliarse debido a amenazas de muerte.

Tensión y censura

El exilio de monseñor Herrera se da pocos días después de que expresara públicamente su descontento con el gobierno local de Jinotega. En una misa vespertina el domingo 10 de noviembre, el obispo denunció las interrupciones a las ceremonias religiosas provocadas por eventos ruidosos organizados por la municipalidad en las cercanías de la catedral de San Juan Bautista. Este reclamo es visto por sus feligreses como una muestra de la actitud crítica del obispo frente a las acciones gubernamentales, y su posterior destierro parece ser una represalia por sus declaraciones.

Impacto y reacciones internacionales

La comunidad internacional observa con creciente preocupación el exilio y la persecución de líderes religiosos en Nicaragua, y organismos de derechos humanos han señalado estas acciones como una violación a la libertad de religión y expresión. Las constantes medidas represivas contra los obispos y líderes eclesiásticos refuerzan un clima de censura y control social, una situación que, según fuentes eclesiásticas, no hace sino endurecer la resistencia de los fieles y reafirmar su apoyo a los exiliados.

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