(ZENIT Noticias – Observatorio de Bioética Universidad Católica de Valencia / Valencia, 04.11.2024).- Tras conocerse que las cifras de abortos declarados en 2023 en España han superado la barrera de los 100.000, está preparándose el borrador del protocolo para el registro de profesionales que se declaran objetores a la práctica de abortos.

Debe matizarse que la cifra de abortos reales supera la de abortos contabilizados, dado que muchos abortos químicos no son declarados ni contabilizados. El número de estos abortos no declarados en los que se utilizan fármacos como la mifepristona o el misoprostol, se incrementa cada año, porque las píldoras abortivas pueden ingerirse en el domicilio, sin necesitar asistencia hospitalaria salvo que aparezcan complicaciones, que pueden llegar a ser graves.

La confección de registros de objetores con el pretendido objetivo de garantizar la prestación del aborto desde los centros públicos a quien lo solicite implica una intromisión en su libertad de pensamiento y su privacidad, obligando a ciertos profesionales a hacer pública su postura sobre temas que afectan a su conciencia.

Pudiera haberse articulado, en su lugar, un listado de personal sanitario que accediera a practicar los abortos, que fuera voluntario y no obligatorio, no forzando a los que objetan a estas prácticas a hacer públicos sus criterios de conciencia.

La posible utilización de estas futuras listas de objetores para fines distintos del de asegurar la prestación del aborto, como excluirlos de ciertos puestos de trabajo o aplicar cualquier otro tipo de discriminación sobre ellos, incide en lo injusto de esta medida, promovida por la actual ministra de Sanidad, firme defensora del aborto y su extensión.

Deben aclararse algunas de las expresiones empleadas por la ministra para defender la creación de estos registros.

En primer lugar, hablar de “aborto libre y seguro” constituye una manipulación que debe desenmascararse. No es libre porque no se facilitan alternativas a la mujer que solicita el aborto, ni se le informa de los riesgos y sus consecuencias; la última reforma de la ley del aborto eliminó la obligatoriedad de suministrar información a las mujeres antes de practicar un aborto. Ni es seguro, porque como muestran investigaciones relacionadas, el aborto incrementa significativamente el riesgo de padecer secuelas físicas y psíquicas en las mujeres que se provocan un aborto, siendo mayores en el caso de abortos repetidos.

Habla la ministra de los que se oponen al aborto como de los que “vuelven a poner la batalla política en nuestros cuerpos”, ignorando sorprendentemente que el cuerpo sobre el que se actúa para provocarle la muerte no es el de la mujer gestante, sino el de su hijo, persona distinta de ella.

La proliferación de eufemismos y manipulaciones en el lenguaje cuando se trata de hablar del aborto trata de ocultar el drama intolerable de justificar que una madre mate a su hijo. Hablar de interrupción voluntaria del embarazo, aborto seguro, libertad de la mujer, o salud sexual y reproductiva, constituyen eufemismos tras los que se esconde un acto violento e injusto, por el que más de 100.000 seres humanos han perdido la vida el año pasado en nuestro país.

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