Rebecca Oas

(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 10.09.2024).- El comité, que supervisa el cumplimiento del tratado de derechos humanos de la ONU contra la discriminación racial, emitió una recomendación general sobre la relación entre la raza y la salud. Las recomendaciones generales explican cómo el comité pretende interpretar el tratado.

La nueva recomendación menciona repetidamente el aborto y afirma que “el acceso seguro, legal y efectivo al aborto seguro es parte del derecho a controlar la propia salud y el propio cuerpo y del derecho a la vida de las personas protegidas por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”. Sostiene que las restricciones al aborto afectan desproporcionadamente a las mujeres de minorías raciales y pide directamente a los países que “despenalicen el acceso al aborto”.

El Comité CERD está vinculado al tratado de derechos humanos más antiguo de la ONU. Si bien muchos otros órganos creados en virtud de tratados, especialmente el vinculado con los derechos de las mujeres, han promovido agresivamente la legalización, la despenalización y la accesibilidad del aborto, el Comité CERD se ha mantenido en silencio sobre el tema hasta hace poco. El año pasado, el comité hizo circular un borrador de la recomendación después de realizar sesiones de escucha en las que los grupos a favor del aborto se mostraron muy activos.

El lobby internacional del aborto ha estado muy involucrado desde el comienzo del proceso de redacción de la nueva recomendación. En 2022, se celebró un debate sobre la recomendación propuesta al que asistieron el Centro de Derechos Reproductivos, Ipas, Amnistía Internacional y otras organizaciones proabortistas. El comité distribuyó previamente un cuestionario que incluía la pregunta “¿cómo afectan las desigualdades raciales a la salud y los derechos sexuales y reproductivos?”. Esta frase no está en el tratado, ni ha sido adoptada ni definida por la Asamblea General de la ONU.

C-Fam, editora del Friday Fax, contribuyó con comentarios sobre el borrador, instando al comité a evitar excederse en su mandato promoviendo el aborto, que no se menciona en la ICERD ni en ninguno de los otros tratados fundamentales de derechos humanos de la ONU. La presentación señala que el aborto se ha utilizado históricamente contra las minorías raciales, y no para empoderarlas, y que el aborto no es análogo a la atención médica, ya que se trata de quitar intencionalmente una vida humana.

La base jurídica de los esfuerzos del Comité CERD por incluir el derecho al aborto en su tratado es inestable. La recomendación general cita algunos de sus propios estudios sobre países —incluido el de Estados Unidos— en los que instó a la liberalización de las leyes sobre el aborto. También citó la directriz sobre el aborto de 2022 de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez atribuye la base de derechos humanos de su trabajo a los escritos de otros órganos de tratados. A diferencia de los textos de los tratados que supervisan, las observaciones de los órganos de tratados no son jurídicamente vinculantes.

Sin embargo, a pesar de los repetidos intentos fallidos de los activistas de crear un derecho humano al aborto a través del consenso, los órganos de tratados, las agencias de la ONU y otros expertos independientes en derechos humanos han generado un creciente cuerpo de documentos que enmarcan el aborto como un derecho, y todos se citan entre sí para apoyarse.

El Comité CERD adoptó la recomendación final al final de su sesión más reciente, en la que también examinó varios países que habían ratificado el tratado. El comité instó a Venezuela durante su examen a “adoptar las medidas necesarias para distinguir entre la prohibición y la penalización del aborto con miras a iniciar un proceso de reforma constitucional para derogar la penalización del aborto”.

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