(ZENIT Noticias / Managua, 22.08.2024).- En un nuevo giro que intensifica el cerco a la sociedad civil y a las instituciones religiosas, el gobierno de Nicaragua ha lanzado un golpe directo a la columna vertebral financiera de las iglesias del país. Tras una serie de medidas represivas que incluyeron el encarcelamiento de clérigos, la expulsión de religiosos y la clausura de más de 1.500 ONG —muchas de ellas vinculadas a la Iglesia Católica—, ahora el régimen de Daniel Ortega apunta a los recursos económicos de las parroquias e instituciones religiosas mediante una drástica reforma fiscal.

Las donaciones que los fieles entregan a sus parroquias, así como las ofrendas y limosnas, ya no gozarán de la protección fiscal que las mantenía a salvo de la voracidad estatal. Con la reciente derogación de un artículo clave de la ley, estas contribuciones serán gravadas como si fueran ingresos comerciales, sometiéndolas a un impuesto que podría oscilar entre el 10% y el 30%. Esta movida amenaza con asfixiar financieramente a las iglesias, que dependen de estos fondos para sostener su labor educativa, caritativa y pastoral, obligándolas a repensar su operación bajo un esquema de mayor vigilancia y control estatal.

La maniobra ha sido observada con creciente preocupación por la comunidad internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alzado la voz, denunciando que el cierre masivo de organizaciones y la imposición de nuevas cargas fiscales a las instituciones religiosas constituyen una grave violación a la libertad de religión y asociación. El organismo internacional no ha dudado en calificar estas acciones como una afrenta a los derechos fundamentales y ha instado al gobierno nicaragüense a revertir estas medidas y garantizar un ambiente de respeto a las libertades básicas.

Esta última estrategia del gobierno no es un simple ajuste administrativo, sino una táctica calculada para debilitar la resistencia que las instituciones religiosas han representado en medio de la crisis sociopolítica del país. Al imponer una carga fiscal desmesurada sobre las iglesias, el régimen de Ortega busca no solo sofocar su capacidad operativa, sino también enviar un mensaje claro: cualquier entidad que no se alinee con los designios del Estado será neutralizada.

Mientras tanto, en los templos y comunidades religiosas de Nicaragua, el impacto de esta medida ya se empieza a sentir. Las parroquias, que antes podían destinar los recursos donados a obras de caridad y a la manutención de sus infraestructuras, ahora se enfrentan a un panorama incierto. La necesidad de crear nuevas estructuras administrativas y de cumplir con exigencias fiscales que jamás habían enfrentado, amenaza con desviar recursos que, de otra manera, irían directamente a los más necesitados.

En este contexto, la iglesia nicaragüense se encuentra en una encrucijada: resistir las presiones del gobierno, adaptarse a un nuevo y complejo entorno legal, o encontrar formas creativas de continuar su misión en un país donde la libertad de culto y de asociación está bajo asedio. La respuesta a esta crisis definirá no solo el futuro de las instituciones religiosas en Nicaragua, sino también el de una sociedad que busca desesperadamente espacios de libertad y esperanza en medio de la represión.

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