(ZENIT Noticias / Tennessee, 08.07.2024).- El pasado 3 de julio, el Tribunal para el Distrito Medio de Tennessee en Nashville dictó sentencia contra tres defensores provida, hallados culpables de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés) y de conspirar para infringir los derechos civiles. Este veredicto se produce tras los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2021, cuando un grupo provida se manifestó en el Centro de Salud Carafem de Mount Juliet, Tennessee.

Los defensores provida fueron acusados de bloquear el acceso al Centro de Salud Carafem, un edificio médico donde se practicaban abortos. Durante más de dos horas, miembros del grupo ocuparon el pasillo de entrada, algunos situándose cerca de la puerta y otros grabando vídeos para las redes sociales, según los acusadores. Se dedicaron a leer la Biblia y a cantar himnos religiosos, impidiendo el funcionamiento normal de la clínica, según la clínica donde se mata bebés. Ese acto fue juzgado bajo la Ley FACE, que prohíbe interferir con el acceso a servicios de salud reproductiva.

Dennis Green, director de Life and Liberty Ministries y residente en Virginia, recibió una sentencia de seis meses de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional. Coleman Boyd, médico de urgencias que perdió su empleo debido a esta condena, fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario, cinco años de libertad condicional y una multa de 10,000 dólares. Calvin Zastrow, predicador de Michigan, enfrentará seis meses de prisión seguidos de seis meses de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional.

El Departamento de Justicia había solicitado penas más severas para los acusados, argumentando que Green y Boyd deberían cumplir 15 meses de prisión, mientras que Zastrow, considerado el líder del grupo, enfrentaría 27 meses de cárcel. Las sentencias fueron menos estrictas de lo esperado, aunque el tribunal tuvo en cuenta la reincidencia de Zastrow en violaciones de la Ley FACE en otros estados.

Este caso ha suscitado una amplia gama de reacciones. Más de 125 cartas de apoyo a los acusados fueron enviadas al tribunal, solicitando clemencia. Entre los remitentes se encuentran amigos, familiares y simpatizantes desconocidos, muchos de los cuales compartieron experiencias personales sobre el impacto de los abortos en sus vidas y el deseo de contar con apoyo en momentos críticos.

Paul Vaughn, otro participante en el incidente, fue condenado el 2 de julio a tres años de libertad vigilada, incluyendo seis meses de arresto domiciliario. Heather Idoni y Chester Gallagher, también involucrados, serán sentenciados posteriormente, ya que enfrentan cargos adicionales en Michigan por violaciones similares de la Ley FACE.

El veredicto puso de relieve, una vez más, la tensión entre las leyes que protegen el acceso a los servicios de salud reproductiva y las acciones de los movimientos provida que buscan influir en las políticas de aborto mediante protestas pacíficas. La Ley FACE, implementada para garantizar el libre acceso a las clínicas, ha sido un punto de conflicto recurrente entre defensores del asesinato de bebés y grupos provida.

Afortunadamente, la clínica Carafem en Mount Juliet ha cerrado tras la sentencia de la Corte Suprema en el caso Dobbs, que devolvió la regulación del aborto a los estados.

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