(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 26.02.2024).- La administración Biden planea investigar, intimidar y silenciar a quienes se oponen al aborto y a la agenda homosexual/trans.

El Departamento de Estado publicó la segunda semana de febrero un informe de “Acción de Equidad” con planes para combatir lo que denominó “movimientos regresivos anti-derechos”. El término general abierto es un término técnico para organizaciones provida y profamilia. Entre las organizaciones que han sido denominadas anti-derechos se encuentran Family Watch International, ADF International, Heritage Foundation y C-Fam, editora del Friday Fax.

Hasta ahora se entendía que la frase era poco más que una táctica de miedo. Se ha utilizado en informes que rastrean y monitorean las actividades de organizaciones provida y profamilia preparados por la oficina de derechos humanos de la ONU, gobiernos europeos, defensores del aborto y de los homosexuales/trans, y organizaciones respaldadas por George Soros. El informe Equity Action compromete al gobierno de Estados Unidos a ir más allá de meras amenazas.

El plan Biden instruye al Departamento de Estado a “consultar y asociarse con gobiernos extranjeros, organizaciones multilaterales y regionales y la sociedad civil a través de eventos, declaraciones y mecanismos institucionales, como el Proceso de Estambul 16/18, para combatir el aumento del antisemitismo global y la islamofobia, extremismo violento, homofobia y transfobia por motivos religiosos, raciales y étnicos, y otros movimientos regresivos contra los derechos”.

El plan del Departamento de Estado incluye métricas específicas para medir el progreso contra estos “grupos anti-derechos”, incluida la celebración de acuerdos internacionales para silenciar a los grupos anti-derechos. Una de las métricas es la cantidad de nuevos acuerdos con otros países o a través de las Naciones Unidas para “abordar el papel de la tecnología en los movimientos globales anti-derechos”.

Otra métrica incluye monitorear y rastrear “datos y mapeo de actividades financieras y de defensa transnacionales de grupos y movimientos anti-derechos para informar mejor las intervenciones y el compromiso específicos”.

El plan también establece una “Red de Liderazgo de Mujeres” compuesta por activistas feministas y periodistas para “comprender mejor, identificar de manera segura y contrarrestar el rechazo a la igualdad de género, con orientación para el personal del Departamento sobre consultas inclusivas”. La noción de “rechazo” se utilizó por primera vez en el contexto de las Naciones Unidas en respuesta a las políticas provida de la administración Trump hace siete años y continúa asociada con posiciones provida y profamilia.

Una métrica de éxito del plan es el “Porcentaje de participantes en la Red de Liderazgo de Mujeres y consultas en curso relacionadas que informan mensajes mejorados que contrarrestan eficazmente los ataques a los derechos de las mujeres como parte de movimientos globales más amplios contra los derechos y el autoritarismo”. Lograr esta métrica probablemente implicaría excluir a las organizaciones etiquetadas como “anti-derechos” de las consultas del Departamento de Estado de Estados Unidos o incluso de recibir acceso a las Naciones Unidas y otros foros internacionales.

En los últimos años ha habido un esfuerzo coordinado para excluir a los grupos “anti-derechos” de las Naciones Unidas. Algunas organizaciones apoyadas por la Unión Europea han llegado incluso a pedir que cualquier organización etiquetada como antiderechos sea expulsada de las Naciones Unidas.

El respaldo oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos a la etiqueta “anti-derechos”, que la administración Biden ha utilizado repetidamente en los últimos meses, marca un cambio significativo en la política estadounidense hacia la participación de la sociedad civil en los mecanismos internacionales. El gobierno de Estados Unidos siempre ha estado a favor de una mayor participación, en contra de los intentos de los países dictatoriales de silenciar a los grupos que no les agradaban. Ahora, parece que el gobierno estadounidense está planeando utilizar la etiqueta “anti-derechos” para silenciar y suprimir ciertas opiniones.

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