“Apartheid de género”: el nuevo concepto promovido en la ONU por el feminismo radical y LGBT+

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Rebecca Oas

(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 26.02.2024).- Expertos en derechos humanos de la ONU pidieron recientemente que el “apartheid de género” sea considerado un crimen contra la humanidad. La Asociación de Abogados de Estados Unidos adoptó una resolución similar, comprometiéndose a apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para criminalizar y oponerse al “apartheid de género”.

El término “apartheid de género” ha sido utilizado por activistas para criticar a la Iglesia católica y otras instituciones religiosas que tienen un clero exclusivamente masculino. Hasta la fecha, el término se ha utilizado con respecto a la situación de las mujeres en Afganistán e Irán, países que se rigen por la ley islámica. Está claro hacia dónde se dirige el término: atacar todas las creencias consideradas “conservadoras” por la internacional feminista.

El peligro inminente es que el término se esté promoviendo dentro de la negociación de un nuevo tratado de ley dura sobre crímenes contra la humanidad.

Tanto el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas como la Asociación de Abogados de Estados Unidos definen el “apartheid de género” como “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática por parte de un grupo de género sobre cualquier otro grupo o grupos de género y cometido con la intención de mantener ese régimen”. Esta definición se basa en la definición de “apartheid” del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se refiere a la opresión por motivos de raza.

El término también ha sido adoptado por otros organismos de la ONU, incluida ONU Mujeres, que describe los abusos de los talibanes como “con razón y ampliamente considerado apartheid de género”.

El desarrollo del tratado sobre crímenes de lesa humanidad enfrenta otras controversias. Hay un esfuerzo por parte de los países occidentales y sus aliados para redefinir el “género” y dejar de referirse únicamente a hombres y mujeres de una manera que podría convertir la homofobia en un presunto crimen internacional. Mientras tanto, los activistas piden que se amplíe la definición relativamente estrecha de “embarazo forzado” para incluir restricciones al aborto.

Los expertos en derechos humanos de la ONU ya han mostrado su voluntad de atacar a la Iglesia católica (y a la Santa Sede, que tiene estatus diplomático como Estado observador en la ONU) por su postura contra el aborto, la homosexualidad y la ordenación de mujeres.

En 2020, la Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias citó a académicas feministas en un informe en el que afirmaba que “las normas que regulan la condición de hombres y mujeres, incluido el nombramiento del clero”, no son sólo religiosas, sino políticas y, por tanto, “son una preocupación para el Estado y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Cuando la Santa Sede fue revisada por el Comité de los Derechos del Niño en 2014, se le pidió que “revisara su posición sobre el aborto” y “modificara el Canon 1398 relacionado con el aborto con miras a identificar las circunstancias bajo las cuales el acceso a los servicios de aborto puede ser permitido.» El Comité también pidió a la Santa Sede que “apoye los esfuerzos a nivel internacional para la despenalización de la homosexualidad”.

Ninguno de estos expertos tiene autoridad vinculante sobre los gobiernos miembros de la ONU, pero sus opiniones tienen un peso persuasivo ante los países con ideas afines y dentro del sistema burocrático de la ONU, que depende de ellos para ayudar a interpretar tratados de ley dura como el próximo instrumento sobre crímenes contra la humanidad.

Los grupos disidentes que dicen ser católicos, como los pro-aborto Catholics for Choice, también han citado la postura de la Iglesia sobre la ordenación exclusivamente masculina y la oposición al aborto al pedir que se despoje a la Santa Sede de su condición de Estado observador de la ONU.

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